¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
“Es un acuerdo regional para la protección de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia en asuntos ambientales. Es un instrumento poderoso para prevenir conflictos, lograr que las decisiones se adopten de manera informada, participativa e inclusiva y mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza”[1]
El Acuerdo de Escazú fue impulsado por la CEPAL, Comisión Económica para América Latina, Comisión puramente técnica, que depende de la estructura de la ONU, la misma que monitorea, investiga y formula recomendaciones económicas a los gobiernos. Su Secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, ha declarado que el Acuerdo de Escazú marca un hito, constituyendo un acuerdo visionario y sin precedentes en la región y en el mundo.
El Acuerdo de Escazú promueve la toma de decisiones participativas, vinculantes e inclusivas, de manera que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ambientales en defensa de la vida.
Promueve también la partición ciudadana a través de estructuras institucionales en todo proyecto que pudiera tener un impacto crucial en los recursos naturales y en el ambiente, desde su etapa inicial.
¿Qué es justicia ambiental?
Es la defensa de los derechos ambientales y la equidad en cuanto al derecho a la defensa ambiental sin ser esta criminalizada, ser reprimido o asesinado por ello.
¿Cómo nace este acuerdo?
“Este Acuerdo Regional, originado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y fundamentado en el Principio 10 de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, es el fruto de una fase preparatoria de dos años y de nueve intensas reuniones del Comité de Negociación. Durante las negociaciones, lideradas por Chile y Costa Rica en su calidad de Copresidentes y por otros cinco integrantes de la Mesa Directiva (Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago), se reunieron delegados gubernamentales, representantes del público y del sector académico, expertos y otras partes interesadas, que participaron activamente, de manera colaborativa y en pie de igualdad”. [2]
¿Qué países lo han ratificado?
Se necesitan 11 países que lo ratifiquen para que el Acuerdo entre en vigencia. Hasta la fecha, lo han firmado 22 países, (el Perú fue parte de la Mesa Directiva en las Negociaciones y uno de los primeros países en firmar el documento). A la fecha, lo han ratificado, 10 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay.
Este Proyecto fue entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República del Peru, para su ratificación, avalado por instituciones de la Nación tales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, los Ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura y Riego, Ambiente, Energía y Minas, Cultura, Justicia y Derechos Humanos, Salud, Transportes y Comunicaciones, Producción, la Presidencia del Consejo de Ministros y la Cancillería y la Corte Suprema.
¿Por qué es tan importante este acuerdo para el Perú?
Se fortalecería la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y de todo aquel que trabaje a favor del ambiente y de los recursos naturales, que sostienen la cadena de vida. , lo que es de capital importancia, si se considera que el Perú es uno de los países más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente, según Global Witness”.
El Perú ocupa en la actualidad un lugar importante en América Latina de muertes de defensores ambientales. Es importante para promover una necesitada transparencia ambiental ya que no puede haber democracia ambiental sin transparencia ni rendición de cuentas, toma de decisiones participativas e inclusivas en las que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ambientales.
El Perú se convertiría en un Estado Moderno y se posicionaría en la escena internacional como paladín en la lucha ambiental, en concordancia con otros acuerdos internacionales ratificados por el País, incluyendo los relativos al cambio climático, tal como el Acuerdo de París. Además, el Perú intenta ingresar a la OCDE, para lo que requiere un cambio estructural en la institucionalidad de manera que alcance la tan necesaria justicia ambiental, promoviendo la sostenibilidad ambiental como eje de toda política nacional.
¿Es cierto que el país perdería soberanía nacional?
Se ha argumentado que el país perdería soberanía nacional pues se sometería a una jurisdicción supranacional. Esto es falso, pues es precisamente en ejercicio de esta soberanía que el Perú se sometería a una jurisdicción especial, teniendo como principio que la vía judicial nacional tendría que ser agotada previamente. En ningún momento se menciona la Amazonía y, por el contrario, se ratifica la soberanía nacional como principio en el Art. 3ro. Inc. I del Acuerdo.
De seguir este razonamiento en contra de la ratificación del Acuerdo, el Perú no sería parte de ningún acuerdo internacional ni se sometería a ninguna Corte Internacional de Justicia (recordemos, por ejemplo, que el Perú sometió al Tribunal Internacional de La Haya su controversia limítrofe con Chile y que ha presidido la Corte Inter Americana de Derechos Humanos).
¿De qué manera concreta protege este acuerdo los recursos naturales?
El Acuerdo de Escazú tiene por objetivo proteger el ejercicio de tres derechos fundamentales: acceder a la información, participar en la toma de decisiones que afectan la vida ciudadana y el entorno, y acceder a la justicia cuando los derechos han sido vulnerados. El acuerdo de Escazú se refiere a los derechos de todos los ciudadanos, buscando predictibilidad y seguridad para los habitantes.
Los conflictos sociales como consecuencia de la afectación al ambiente y los derechos de los pueblos originarios son parte de nuestra historia (Bagua) y de lo que se vive en la actualidad (extracción petrolera en Loreto) Por ello, es fundamental reforzar las medidas de transparencia y participación en las toma de decisiones, como mencionado anteriormente.
Si ya existe legislación nacional que regula esos aspectos, ¿para que ratificar el Acuerdo de Escazú?
Se dice que las normas contenidas en el Acuerdo de Escazú ya están contenidas en nuestro ordenamiento legal nacional, por lo que su ratificación resulta innecesaria. Sin embargo, se pueden contraponer 2 argumentos: primero, reconocer que existe una brecha en la implementación de los derechos, ya que no existe una justicia jurisdiccional especializada, y, segundo si ya existen normas nacionales al respecto, ¿por qué no ratificar el Acuerdo de Escazú?
¿Qué interés hay en que el Perú no ratifique el Acuerdo de Escazú? ¿Por qué se dice que es un acuerdo radical que va en contra de intereses nacionales?
Es claro que la no ratificación favorecería a las corporaciones y empresas extractivistas tanto nacionales como internacionales, que están depredando el País. Se favorecería así el intervencionismo extranjero y continuaría el saqueo de recursos y material genético, germoplasma, la tala ilegal de madera, la minería, las extracciones petroleras, el aceite de palma, la incorporación de cultivos foráneos con fines de lucro que abarcan extensos territorios, y la pesca inclemente de nuestros recursos marinos, desapareciendo especies nativas tanto en tierra como en sistemas hidrobiológicos, afectando de esa manera la bio-diversidad de la que tanto dependemos y nos enorgullecemos.
El nuevo Congreso tiene en sus manos la responsabilidad histórica y la urgente necesidad de aprobar la ratificación del Acuerdo de Escazú, tratado en el que se marca un hito pues, por primera vez se toma en cuenta la protección de los defensores y activistas ambientales. Es un poderoso instrumento que daría un marco jurídico ambiental que fortalecería una democracia integral y un proceso de prevención de conflictos sociales de origen ambiental. Existe una verdadera necesidad de proteger los derechos de los defensores del ambiente, más aun en un escenario de pandemia provocada por el Covid-19, en el que las políticas gubernamentales para la reactivación económica y social deben respetar el ambiente, los derechos fundamentales y apuntalar un desarrollo sostenible para la supervivencia de las actuales y futuras generaciones.
[1] Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, en el Prefacio al documento del Acuerdo de Escazú.
[2] Alicia Bárcena Secretaria Ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en el Prefacio del Documento
Descargar cartas para los congresistas:
Carta Escazu Relaciones Exteriores
