RADAR VERDE es una plataforma de la sociedad civil de reflexión y análisis colectivo con el objeto de proponer
políticas públicas y acciones necesarias para la protección del ambiente.
20 propuestas para la Emergencia y Post-Pandemia
En esta primera comunicación de Radar Verde queremos comenzar agradeciendo el trabajo esforzado de los servidores públicos de la salud, la educación y la seguridad que en condiciones de precariedad atienden a nuestra población, así como a los trabajadores de la agricultura y de los servicios esenciales. Todos y todas ellas ponen en riesgo sus vidas y sus familias para cuidarnos.
Es necesario atender la emergencia preparando una nueva normalidad
La Política del Estado frente la pandemia del Coronavirus está tomando en cuenta medidas urgentes que responden a conservar la salud y la vida de la mayor cantidad posible de peruanos. Esto está bien, pero necesitamos proyectarnos al mediano y largo plazo preparándonos para medidas que se requerirán implementar una vez terminada la actual fase de emergencia. No debe haber regreso a las anteriores formas de gestión pública, de economía, de organización de la vida social y de relación con el medio ambiente. No podemos permitirnos que se vuelva a la “normalidad anterior” porque en ella está la causa de la actual situación.
Aunque se proponen diversas teorías para explicar el origen del COVID 19, más allá de cuentos conspiracionistas, el conocimiento científico hace evidente que su rápida y extensa expansión se relaciona con el maltrato generado por la irracional conducta humana hacia el ambiente, particularmente por las actividades económicas que arrasan territorios de la costa, sierra y selva, afectando el hábitat de otros seres vivos, nuestras fuentes de vida, y ahondando el cambio climático, perjudicando así directamente a las personas, familias y comunidades. Particularmente a los pueblos indígenas pues las actividades extractivas impuestas en sus territorios contaminan su hábitat y su salud. En esas condiciones están ellos enfrentando la pandemia.
Se suma a esto la precariedad crónica del Estado peruano al cual ahora se le exige atender esta crisis sin los recursos, sin el personal suficiente, sin la investigación científica y sin una ciudadanía organizada para hacer cumplir sus derechos. Urge incrementar la inversión en salud, educación y seguridad en todo el territorio nacional tomando medidas específicas para ponerlas al alcance de todos(as) avanzando así en la superación de las tremendas desigualdades acumuladas por décadas. Así como responder con firmeza impidiendo que la corrupción y los intereses de grupo boicoteen el fortalecimiento de los servicios públicos. Por ello, es necesario incorporar plenamente a las comunidades y organizaciones sociales que representan la pluridiversidad del país, pues su participación y vigilancia activa en la gestión de las políticas de Estado son garantía de transparencia y equidad.
Esto exige cambios en las prioridades y hábitos de un Estado precario y excluyente. Tanto el gobierno central, los GORE como los gobiernos locales deben redefinir su rol y acción. Creemos que es posible y necesario que las decisiones de la emergencia preparen el camino de estos cambios. Con el exclusivo ánimo de contribuir a las respuestas del gobierno, Radar Verde como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con el país proponemos un conjunto de recomendaciones orientadas a preparar una nueva normalidad, con cuidado del ambiente y derechos ciudadanos.
Cuidado de nuestras fuentes de vida y nuestra salud
- Al Estado Peruano le corresponde aplicar el principio de Precaución, incorporado en la legislación nacional, estableciendo una moratoria a las actividades que pudieran tener un efecto negativo en el ambiente, en la salud humana y otras especies, hasta que se realicen las pruebas necesarias para establecer, con certeza la inocuidad de dichas actividades. Esto exige cambiar prioridades en las actividades consignadas en la primera fase del Plan de reactivación, como las actividades extractivas en general y el uso de agroquímicos. Específicamente, las actividades mineras y de pesca industrial requieren de un gran número de trabajadores que realizan sus labores en condiciones que propician el contagio, generando un grave riesgo de pérdida de vidas humanas, con el efecto negativo en el sustento de muchas familias y el peligro de una nueva ola de contagios.
- Garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de la población, fortaleciendo la agricultura familiar como lo recomienda la FAO y la agricultura urbana por lo que se hace urgente instalar viveros municipales para distribuir semillas e incentivar biohuertos, arbustos y árboles frutales urbanos incluso recuperando las calles y bermas para ello; promover la pesca artesanal y los comedores populares, para alejar el riesgo del hambre, la desnutrición y el peligro del desabastecimiento. Las rutas de los alimentos deben a su vez ser desinfectadas, empezando por los medios de transporte y mercados, aplicando protocolos desde los mercados mayoristas, minoristas, bodegas, hasta los comedores u ollas comunes, a la vez que a camiones, frigoríficos, camionetas y taxis que permiten la circulación de estos productos.
- Es particularmente importante promover el tratamiento, reciclaje y reúso de aguas residuales urbanas para contar con recursos hídricos, con la debida calidad, para masificar la agricultura y forestación urbana (árboles frutales) además de sostener las áreas verdes en las ciudades que tanto esfuerzo han costado establecer y que ahora se encuentran abandonadas.
- Considerar la suscripción de la modificatoria de la Convención de Roma, para modificar los Estatutos de la Corte Penal Internacional e incluir el Ecocidio como crimen contra la Humanidad, de conocimiento de dicha Corte.
Una emergencia con equidad nos da sentido colectivo de país - Un Bono Universal de mil soles (o un salario mínimo vital) para todos los ciudadanos y ciudadanas, es una condición necesaria para una cuarentena con equidad. Especialistas y líderes de distintas posturas políticas en el mundo coinciden en esta medida. El Bono Universal es viable, su operación es menos compleja y puede llegar pronto, movilizando un consumo que contribuya al fortalecimiento de mercados locales.
- El movimiento de personas de las grandes ciudades a sus comunidades de origen debe realizarse con la activa participación del Estado. Este debe asegurar el respeto de los derechos a la dignidad, seguridad y salud de las personas involucradas, con atención especial a las necesidades de los más vulnerables y la libertad de decisión de retorno, que la emergencia sanitaria no implique la dación de normas que regresionen en sus derechos.
- La necesidad de supervivencia de las personas en el territorio – incluida la numerosa población migrante – obliga a que salgan a buscar sustento. Su disyuntiva es gravísima: morir enfermos o morir por hambre. Urge el empadronamiento rápido de los beneficiarios de los bonos de dinero para que lleguen a todos los que, dada su situación, tienen que buscar cómo sobrevivir como consecuencia de la emergencia.
- La asistencia humanitaria otorgada por el gobierno debe ser entregada a todos los residentes legales en el país, independientemente de cualquier elemento de discriminación y contabilizada en las áreas de ubicación actual de los beneficiarios.
- El incremento posible del número de huérfanos obliga a la adopción de políticas específicas que establezcan que los gobiernos locales, con el apoyo de los ministerios de línea, tengan mecanismos de respuesta inmediata para evitar el desamparo.
Fortalecer un Estado eficaz, descentralizado y participativo - Es necesario invertir e incentivar la investigación y el desarrollo científico, fortaleciendo las universidades e instituciones que la realicen a nivel nacional.
- Profundizar y fortalecer la descentralización, reocupando en forma ordenada, sostenible y justa el territorio para reducir las desigualdades territoriales existentes. Promulgar la ley de ordenamiento territorial que posibilite una ocupación armoniosa y sustentable del territorio, con protección de los hábitats y fuentes de vida que permitan que haya país para todos y para las futuras generaciones. Esto incluye las zonas marino-costeras.
- Debemos pasar del “quédate en tu casa”, al “quédate en tu barrio”, incentivando el uso de servicios, generación de empleo barrial y movilidad peatonal, en bicicletas y uso de electro-movilidad, desincentivando el uso de buses de transporte público que se podrían convertir en una nueva fuente masiva de contagio.
- Protección de hábitats y fuentes de vida que permitan que haya país para todos y para las futuras generaciones con participación de las comunidades presentes en el territorio incrementando el número de ANPS y zonas de reservas en la costa peruana.
- La necesidad de hacer más cercano y eficiente el Estado para identificar y atender las demandas del cuidado de nuestras fuentes de vida y de los derechos de la ciudadanía debe orientar el desarrollo del soporte digital y tecnológico de las actividades del Estado. Debemos dar soporte digital para la investigación, la transparencia y confiabilidad de la información y para el desarrollo de las capacidades de nuestros recursos humanos en servicio. Es vital la apuesta del Estado por el soporte libre de licencias que encarecen el uso y desarrollo de la tecnología. También implica renegociar las condiciones que posibiliten la conectividad de calidad en entornos urbanos y rurales y el acceso equitativo y masivo de las familias a las tecnologías.
- Diversificar, promover y localizar múltiples mercados en el territorio nacional, que respondan tanto a las necesidades y demandas del país como a las específicas de cada localidad, dando prioridad al fortalecimiento de la producción e industria local para el consumo nacional. Ello implica disponer el inmediato cese de importaciones de alimentos y otros artículos priorizando la producción nacional, particularmente si son emblemáticos del Perú, como la papa, la quinua y similares.
- Establecer una Política de vivienda social que declare la vivienda como un Derecho Humano, que provea asistencia técnica, financie y subsidie directamente a las familias más pobres y vulnerables, evitando que caigan en manos de traficantes y/o especuladores de terrenos, de manera que puedan construirse espacios adecuados para vivir, en terrenos seguros, sin riesgo de desastre, con espacio suficiente por persona, bien ventiladas con áreas libres para huertas y espacios públicos en barrios que cuenten con servicios básicos mínimos así como de recreación y seguridad ciudadana.
- Concientizar a la población acerca de la magnitud de la pandemia, requiere continuar y afianzar de forma más imaginativa una campaña que permita al Estado acceder a todos los medios de comunicación para advertir de manera sencilla, pero eficaz, sobre el virus, los mecanismos de prevención de contagio, y la importancia del autocuidado a través del aislamiento domiciliario, preparándolos para una salida progresiva de tal aislamiento sin aumentar el riesgo.
- El año escolar no puede perderse. Pero la crisis cuestiona el esquema centralizado en que se ha venido desarrollando la política educativa. Hay que actuar fortaleciendo la actoría de agentes locales del sector educativo y del gobierno local, así como la autonomía de las escuelas como comunidades de aprendizaje pues son los actores locales, los directivos y docentes en diálogo con las familias quienes pueden establecer verdaderos compromisos de aprendizaje de acuerdo a la realidad de los diversos territorios. Esto exige un replanteamiento de la organización del servicio educativo en el campo, en la ciudad y en los pueblos originarios.
- Exige además una ejecución del gasto educativo con criterios de equidad. En este contexto los modelos de educación segregada como los COAR no son prioritarios. Corresponde priorizar las residencias estudiantiles promovidas con las comunidades indígenas y de pueblos originarios.
- La urgencia de incorporar la educación ambiental masiva y comprender las consecuencias de alterar los ciclos de la naturaleza y del clima también se hace prioritario. Medidas vinculadas a ella son importantes para reestablecer un equilibrio; la población debe entender la estrecha relación que hay entre la salud, el entorno natural, seguridad, estabilidad económica, y cambio climático a largo plazo.
No atendamos la emergencia sin pensar en el futuro.
Los derechos de las personas y de la naturaleza no se negocian.
Lima, 7 de mayo de 2020
Adhesiones
| Nombre | Apellidos | DNI |
| Maritza | Barrow | 46699488 |
| Guillermo | Bettocchi Ibarra | 06530308 |
| Hugo | Cabieses Cubas | 10585951 |
| Marleni | Canales Rubio | 04824982 |
| Severo | Cuba Marmanillo | 07016616 |
| Larry | Delao Lizardo | 47261785 |
| José Dence | Fachin Ruiz | 42897002 |
| Maria Elena | Foronda Farro | 32985633 |
| Robert | Guimaraes Vázquez | 09668129 |
| Andy | Mercado Gamarra | 73540303 |
| Liliana | Miranda Sara | 07827426 |
| Luis | Poma Henostroza | 32835720 |
| David | Roca Basadre | 09490813 |
| Wlli | Zabarburú | 09257027 |
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